Redacción de PERGAMINO NOTICIAS del Grupo de Medios infopba.com
La Corte Suprema se apresta a definir en las próximas semanas el destino judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con dos votos a favor de confirmar la condena, todo depende de la decisión de un único juez. Mientras tanto, la exmandataria acelera su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires.
El reloj corre velozmente para Cristina Kirchner. El tiempo político y judicial parece desplomarse bajo sus pies. En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuena una certeza inquietante: la sentencia definitiva podría conocerse antes de que comience julio. Y en ese escenario, todo se resume a un solo nombre: Carlos Rosenkrantz, el juez que tiene en sus manos el destino de la exmandataria.
Ricardo Lorenzetti ya habría tomado posición. Horacio Rosatti, actual presidente del máximo tribunal, también estaría dispuesto a ratificar la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Pero el momento de la resolución es motivo de diferencia: Rosatti no desea precipitar la decisión, al menos no el próximo martes. Rosenkrantz, en cambio, todavía evalúa si la pena debe mantenerse en seis años o elevarse a doce, como reclamó la fiscalía por asociación ilícita.
Hace apenas dos semanas, Cristina anunció su candidatura por la Tercera Sección Electoral bonaerense. Su objetivo es claro: acceder cuanto antes a fueros provinciales y evitar una posible detención. El cierre de listas en la provincia está previsto para julio, mientras que el de diputados nacionales será recién el 17 de agosto, y los fueros llegarían aún más tarde, cuando la jueza María Servini oficialice las candidaturas. Por eso, el escenario bonaerense le resulta más conveniente.
La Corte Suprema, hoy integrada por solo tres jueces, necesita unanimidad para dictar una sentencia. Ese es el núcleo del dilema. Dos de ellos —Rosatti y Lorenzetti— coinciden en rechazar el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esa vía rápida y contundente dejaría firme la condena de seis años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La utilización del artículo 280 es una práctica habitual en el tribunal, ya aplicada en casos resonantes como el de Milagro Sala. Los magistrados consideran que no hay razones jurídicas para actuar de manera diferente en esta ocasión. Además, buscan evitar quedar atrapados en los tiempos de la política, beneficiando directa o indirectamente a Cristina o al gobierno nacional. En efecto, la permanencia de la expresidenta en la contienda política es funcional al discurso polarizante de Javier Milei, quien capitaliza la figura del "enemigo kirchnerista" para fortalecer su base electoral.
Rosenkrantz, sin embargo, plantea otro camino. Cree que, por tratarse de una figura de tal relevancia institucional, la Corte debe analizar el caso en profundidad, emitir una sentencia extensa y bien argumentada, lo que llevaría el fallo final a 2026. Su reticencia a aplicar el 280 sin más podría dilatar el proceso y ofrecer una ventana de tiempo crucial para Cristina.
La diferencia es abismal: si Rosenkrantz se alinea con sus colegas, la condena se conocería en semanas. Si insiste con su posición, el fallo se demoraría más de un año. En cualquiera de los casos, la condena incluiría la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que impediría su candidatura tanto a nivel nacional como provincial. Cristina apuesta, no obstante, a una interpretación ambigua del sistema federal, argumentando que la inhabilitación nacional no la afecta en el ámbito bonaerense. Esa postura, jurídicamente débil, ya circula entre sus allegados como carta de defensa.
En definitiva, el escenario es tenso y definitorio. Si la Corte resuelve antes de julio, Cristina no podrá escudarse en los fueros. Si se demora, podría volver al juego político con una protección institucional que impida su detención. Todo depende de una única firma. El país, expectante.
Fuente: PERGAMINONOTICIAS.COM.AR
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