La disputa judicial por YPF entra en una nueva etapa. Argentina solicitó formalmente ante la Justicia estadounidense la suspensión inmediata del fallo que ordena transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a fondos de inversión acusados de haber sufrido perjuicios por la expropiación de 2012. La medida busca evitar una ejecución anticipada mientras se espera la resolución definitiva.
La presentación ante la jueza Loretta Preska, del tribunal federal de Nueva York, fue acompañada por un comunicado del Gobierno argentino donde se anuncia que se apelará la sentencia y se reafirma el respaldo recibido desde Estados Unidos, que también reclamó prudencia ante el impacto de esta decisión.
El fallo, emitido el lunes pasado, obliga a la Argentina a entregar a los demandantes —entre ellos Burford Capital, un fondo que adquirió los derechos de litigio— un paquete accionario valorado en USD 16.000 millones. Sin embargo, desde el entorno presidencial consideran que esta orden es “de cumplimiento imposible” y preparan una ofensiva legal que podría llegar hasta la Corte de Apelaciones.
Fuentes oficiales confirmaron que no se entablarán negociaciones directas con los fondos buitres hasta que exista una resolución definitiva, y que la Procuración del Tesoro analiza acciones legales complementarias para proteger los intereses del Estado.
El especialista en litigios internacionales, Sebastián Maril, explicó que si la jueza Preska rechaza la suspensión solicitada, Argentina recurrirá a instancias superiores para evitar una ejecución que podría comprometer la soberanía económica del país.
En definitiva, el Gobierno nacional deja claro que la estrategia será de resistencia legal firme, con la defensa de YPF como prioridad absoluta y sin concesiones previas a un fallo definitivo.
Redacción de Pergamino Noticias del Grupo de Medios infopba.com
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